07/09/2026

El Colegio de Enfermería de Alicante analiza la nueva regulación de las agresiones al personal sanitario y destaca la creación de un régimen sancionador específico

El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su Asesoría Jurídica y Fiscal, cuyo coordinador es el vicepresidente colegial, Francisco Gómez Vitero, ha confeccionado un informe jurídico sobre la nueva regulación de las agresiones al personal de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad establecida en la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

1. Objeto del informe.

El presente informe analiza la nueva regulación de las agresiones al personal de instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud, introducida por la Ley 5/2026, de 31 de julio, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (en adelante, Ley 5/2026), que modifica y amplía la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana.

El informe se centra, en particular, en la incidencia de esta reforma sobre el personal de Enfermería, dado que constituye uno de los colectivos con mayor exposición a este tipo de conductas dentro del sistema sanitario público valenciano. Para ello se expone, en primer lugar, cuál era el marco jurídico y de protección existente con anterioridad a la reforma; en segundo lugar, se describe el contenido de la nueva regulación y, por último, se realiza una comparativa y una valoración de dicha reforma en cuanto supone una mejora efectiva de la protección del personal sanitario que presta servicios en el Sistema Valenciano de Salud.

2. Marco normativo anterior a la Ley 5/2026.

2.1. Ámbito penal.

Con anterioridad a esta reforma, la principal protección jurídica frente a las agresiones sufridas por el personal sanitario procedía del Código Penal. La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal incorporó expresamente al personal sanitario (junto con el docente) como sujeto pasivo cualificado del delito de atentado (artículo 550 del Código Penal), equiparándolo a estos efectos a la autoridad pública. Las agresiones que reúnen los requisitos de este delito pueden recibir, por tanto, respuesta penal.

Esta vía penal exige, no obstante, una entidad mínima en la conducta (fuerza, intimidación grave o resistencia activa grave) y opera al margen de la Administración sanitaria. Corresponde a la jurisdicción penal determinar la existencia del delito y, en su caso, imponer la correspondiente pena, sin perjuicio de la intervención de la víctima, del Ministerio Fiscal y de la Generalitat cuando proceda. Quedan fuera de este ámbito las conductas que no alcancen relevancia penal, aunque puedan deteriorar gravemente las condiciones de trabajo del personal sanitario.

2.2. Ámbito administrativo autonómico: la Ley 10/2014 antes de la reforma.

En el plano autonómico, la Ley 10/2014 ya reconocía, entre los deberes de los pacientes y personas usuarias, la obligación de mantener el debido respeto al personal de instituciones sanitarias. Sin embargo, no existía un régimen administrativo específico y autónomo de infracciones por agresiones al personal sanitario, con una definición legal propia, una graduación específica de las conductas y unas multas expresamente asociadas a ellas. Por lo tanto, antes de la Ley 5/2026, las conductas que no alcanzaran relevancia penal podían ser objeto de medidas preventivas, asistenciales u organizativas, pero no existía el régimen sancionador autonómico específico que ahora se incorpora a la Ley 10/2014.

En consecuencia, antes de la Ley 5/2026, una agresión al personal sanitario que no alcanzara la relevancia penal del delito carecía de una vía administrativa autonómica específica de reproche y sanción económica: no existía una definición legal de "agresión en el ámbito sanitario", ni una tipificación propia de infracciones leves, graves y muy graves por este concepto, ni cuantías de multa asociadas a esta materia.

2.3. Instrumentos normativos sin rango legal (Decreto 157/2009 de 2 de octubre), y los instrumentos no normativos: planes y protocolos internos.

La Conselleria de Sanidad venía dando respuesta a esta problemática mediante instrumentos de naturaleza organizativa y preventiva, como el Decreto 159/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se establecen las actuaciones de los órganos de la Conselleria de Sanidad en la prevención y atención de las agresiones a los trabajadores del sector sanitario público de la Generalitat, el Plan de prevención de riesgos laborales (Resolución de 14 de febrero de 2018) y, de forma más completa, el Plan integral de prevención de las agresiones en el entorno sanitario (actualización 2022) de la Conselleria de Sanidad.

Estos instrumentos contemplan medidas de acompañamiento a la víctima, asistencia sanitaria y jurídica, comunicación de los hechos a la autoridad judicial cuando procediera y otras medidas de protección. Asimismo, incluyen mecanismos que permiten, en determinadas circunstancias, rechazar la continuidad asistencial del paciente agresor o solicitar la movilidad por razón de violencia en el lugar de trabajo.

La principal limitación era que estas medidas estaban orientadas fundamentalmente a la protección y asistencia del profesional agredido y no configuraban un régimen administrativo sancionador específico dirigido contra la persona agresora.

3. La nueva regulación introducida por la Ley 5/2026.

La Ley 5/2026 dedica la Sección 2.ª (Salud) de su Capítulo V, artículos 114 a 128, a modificar la Ley 10/2014 en materia de agresiones al personal sanitario. Su contenido puede sistematizarse del siguiente modo:

4. Valoración comparativa: ¿mejora la reforma legal analizada la protección del personal de enfermería en materia de agresiones?

4.1. Aspectos que suponen una mejora.

• Cierra una laguna administrativa. Hasta ahora, una agresión que no alcanzase la gravedad penal del delito de atentado (art. 550 CP) carecía de cauce sancionador propio en el ámbito autonómico. La Ley 5/2026 crea, por primera vez, un régimen administrativo sancionador específico, autónomo y graduado (leve/grave/muy grave), aplicable con independencia de la vía penal.

• Define legalmente la "agresión en el ámbito sanitario", lo que aporta seguridad jurídica y facilita la calificación de los hechos por los órganos instructores, incluyendo expresamente el acoso digital y en redes sociales, cada vez más frecuente.

• Refuerza la protección frente al agresor. La novedad más relevante no consiste únicamente en que existan sanciones, sino en que la Administración puede actuar directamente sobre la persona agresora. La reasignación o adscripción del agresor a otro centro puede acordarse como medida provisional o como medida accesoria, de modo que la protección no descansa exclusivamente en medidas que afecten a la víctima.

• Introduce sanciones económicas tasadas y significativas (hasta 60.000 € en infracciones muy graves). Estas cuantías presentan un potencial efecto disuasorio, aunque su eficacia real dependerá de su aplicación práctica.

• Consolida legalmente el derecho a la reparación económica y al abono de gastos sanitarios de la víctima, antes dependiente de la vía civil o penal derivada.

• Especializa la competencia sancionadora, reservándola a órganos de la propia Conselleria de Sanidad, lo que puede dotar de mayor celeridad y criterio homogéneo a la tramitación de estos expedientes.

• Da cobertura legal expresa al derecho del profesional a rechazar la continuidad asistencial del agresor.

• Incorpora una dimensión preventiva a medio plazo, al introducir la coordinación con el ámbito educativo para trabajar el respeto al personal sanitario desde la infancia y la adolescencia.

4.2. Aspectos pendientes de desarrollo.

• La nueva vía administrativa no sustituye ni modifica la protección penal ya existente desde 2015 (arts. 550-551 CP); la mención a la "condición de autoridad pública" opera a los efectos de esta ley (calificación de la infracción administrativa), sin alterar el régimen penal, que sigue siendo la vía aplicable a los hechos de mayor gravedad (violencia física, intimidación grave).

• La eficacia práctica de la reforma dependerá del desarrollo reglamentario y de la agilidad real de los expedientes sancionadores, sujetos a los plazos y garantías ordinarios del procedimiento administrativo común, lo que puede demorar la respuesta frente a la inmediatez que exige una agresión.

• La reforma no incorpora, por sí sola, nuevos medios materiales o de personal (seguridad, cámaras, refuerzo de plantillas): estos aspectos preventivos siguen dependiendo del Plan integral de prevención de las agresiones en el entorno sanitario (actualización 2022) y del Plan de prevención de riesgos laborales, que continúan siendo el instrumento operativo del día a día en los centros.

5. Conclusiones.

La Ley 5/2026 supone una mejora clara y relevante del marco de protección jurídica del personal de instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud y, en particular, del personal de enfermería.

La principal mejora se encuentra en el plano jurídico-sancionador. Frente a una situación anterior en la que las conductas que no alcanzaban relevancia penal podían recibir principalmente una respuesta preventiva, asistencial u organizativa, la nueva regulación dota a la Conselleria de Sanidad de un régimen administrativo específico de agresiones sanitarias, con conductas tipificadas, graduación de infracciones, sanciones económicas de hasta 60.000 euros, medidas provisionales y accesorias sobre el agresor y mecanismos de reparación de los daños ocasionados.

Especial importancia tiene que la respuesta administrativa pueda dirigirse directamente contra la persona agresora. De este modo, la protección deja de descansar exclusivamente en medidas que afectan al profesional víctima y permite, cuando proceda, separar al agresor del profesional o del centro sanitario.

No obstante, la reforma debe valorarse fundamentalmente como un avance en la protección jurídica y sancionadora, y no como una solución integral al problema de las

agresiones. La prevención efectiva seguirá dependiendo de los medios materiales y organizativos que se destinen a los centros sanitarios y de la correcta aplicación de los protocolos existentes.

En definitiva, la Ley 5/2026 representa un avance normativo importante para el personal sanitario y, especialmente, para enfermería, al establecer por primera vez un régimen administrativo sancionador específico en la Conselleria de Sanidad frente a las agresiones y trasladar parte de la respuesta protectora desde la víctima hacia el agresor. Su verdadera eficacia deberá comprobarse mediante la aplicación práctica de la norma y el seguimiento de los expedientes que se tramiten, así como en el reforzamiento de los medios materiales y organizativos destinados a prevenir esta lacra actual del incremento de las agresiones hacia el personal sanitario en general, y a los profesionales de enfermería en particular.